En el Palacio Nacional se realizan intensas reuniones en los últimos días, con diplomáticos de diversos países y representantes de organismos internacionales, en procura de que baje la presión exterior sobre el gobierno dominicano en relación a la vigencia de la sentencia 168-13
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, escribió un artículo en el diario The New Herald, en el que aclara que las autoridades dominicanas están dispuestas a proteger los derechos de todas las personas y que no realizarán deportaciones ni desnacionalizaciones, como erróneamente se ha informado.
Escrito y publicado en inglés, el artículo está dirigido a la comunidad angloparlante, a la que se le han entregado muchas informaciones sobre el apartheid que estarían realizando las autoridades del país aplicando la sentencia 168 del Tribunal Constitucional.
El artículo del embajador en Washington parece ser la postura que asumirá el gobierno dominicano en todos los foros internacionales en que se hable del tema. Es la misma postura aconsejada por el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien dijo que el gobierno ha fallado comunicacionalmente con el manejo de la sentencia.
A continuación el artículo, en una traducción de Iván Pérez Carrión para Acento.com.do:
THE NEW HERALD
Plan migratorio de República Dominicana protegerá a todos
Jueves 23 de enero de 2014
Por ANÍBAL DE CASTRO*
www.domrep.org
Estados Unidos no es el único país de las Américas que está lidiando con los retos de la reforma de inmigración y las complejidades de atender a las personas indocumentadas que viven dentro de sus fronteras. Como han podido aprender los legisladores estadounidenses, no existe solución sencilla ni arreglo político.
Este problema se ha convertido en frente y centro en la República Dominicana, donde un fallo de la Corte Constitucional sobre la ciudadanía desató un acalorado debate entre los gobiernos regionales y la sociedad civil, así como entre las comunidades dominicanas y haitianas en el sur de la Florida.
De hecho, los retos que la República Dominicana enfrenta para acatar el fallo y poner en práctica una política de inmigración clara y transparente no son muy diferentes a los que enfrentan los Estados Unidos.
Por desgracia, gran parte del debate sobre el enfoque de la República Dominicana se ha caracterizado por la información inexacta o imprecisa. Abundan los rumores, que no son ciertos, de deportaciones y desnacionalizaciones (no ha sucedido nada de eso).
Teniendo en cuenta toda la desinformación que circula sobre esta cuestión, es necesario examinar cuidadosamente lo que ha ocurrido y lo que no, desde la sentencia judicial.
En septiembre de 2013, el más alto tribunal de la República Dominicana en materia constitucional dictaminó que a los que viven “en tránsito”, o los que viven en el país que no pueden probar su estatus legal, ahora se les dará la oportunidad de regularizar su estatus migratorio.
El fallo se estima que afecta a una parte considerable de la población dominicana que carece de documentación, así como a los indocumentados procedentes de más de 120 países que residen en la República Dominicana, entre ellos, un número significativo de inmigrantes de ascendencia haitiana.
En respuesta al fallo, el gobierno dominicano creó un “Plan de Regularización” para mejorar positivamente la condición de estas personas indocumentadas. El plan prevé un estatus temporal que dará lugar a la adquisición de una residencia permanente, una residencia temporal o una visa de no-residente, de conformidad con las condiciones de cada individuo.
Permítanme ser claro: Nadie que actualmente posea o le corresponda el derecho legal a la nacionalidad dominicana se verá privado de ella.
Mediante la implementación de este plan en los próximos 18 meses, el Gobierno podrá normalizar el estatus migratorio de alrededor de 435,000 personas, lo cual le permite a los que anteriormente eran apátridas adquirir un estatus legal en la República Dominicana.
Además del Plan de Regularización, el gobierno dominicano presentará en breve una nueva ley al Congreso, que abrirá rápidamente el camino a la ciudadanía para las personas que nacieron hijos de extranjeros indocumentados en territorio dominicano y que han demostrado tener profundas raíces en el país.
El objetivo de esta iniciativa doble es documentar y garantizar un estatuto jurídico a cada persona que vive en territorio dominicano de manera que proteja sus derechos fundamentales.
La República Dominicana tiene una larga historia de apoyo a la comunidad de inmigrantes, incluyendo el acceso a los servicios públicos gratuitos como la salud y la educación. El gobierno de la República Dominicana invierte actualmente el 18% de su presupuesto de salud para prestar servicio a la población inmigrante. Aproximadamente 54,000 niños inmigrantes están registrados en las escuelas públicas de todo el país, sin necesidad de ningún tipo de documentación, independientemente de su condición jurídica.
Mientras este proceso avanza, el Gobierno mantiene su firme compromiso de garantizar estos servicios esenciales para todas las personas en República Dominicana.
A principios de este mes, las autoridades de República Dominicana y Haití se reunieron para un debate constructivo y franco sobre estas cuestiones. Nuestros dos países, ricos en elementos comunes que se extienden mucho más allá de compartir una isla, están avanzando hacia una solución que no sólo reconoce el derecho soberano de República Dominicana para determinar sus políticas de inmigración y ciudadanía, sino que también protege los derechos fundamentales de todas las personas de ascendencia haitiana residente en el país.
Funcionarios dominicanos y haitianos se reunirán de nuevo el 3 de febrero para continuar el diálogo sobre una política de inmigración de beneficio mutuo; una política que sea transparente y respetuosa de los derechos humanos y que registre a los ciudadanos nacionales y a los inmigrantes.
Esta reforma integral debió existir desde hace mucho tiempo en República Dominicana. No sólo va a permitir que la República Dominicana cumpla con sus retos de desarrollo, sino mejorar la capacidad del país para luchar contra la trata de personas y garantizar la integridad de su territorio.
Beneficiará a la isla de La Española y a la región, y podría servir como una guía para Estados Unidos y otros países que enfrentan problemas similares.
*Aníbal de Castro es el embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos.
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