Al menos 32 periodistas han muerto Honduras desde junio del 2009, según un reciente informe sobre derechos humanos que muestra el alarmante panorama en el país centroamericano. El completo informe, dado a conocer el 23 de enero, señala que aunque el país ha sufrido violaciones a los derechos humanos, altos índices de violencia y debilidad institucional por largo tiempo, en los últimos tres años ha surgido una nueva ola de impunidad.
El informe, compilado por PEN International, PEN Canada y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, llegó a la conclusión de que el deterioro de la situación en Honduras desde 2009 pone a periodistas en riesgo.
“[Desde junio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue destituido de su cargo], las inadecuadas protecciones estatales se han visto aún más debilitadas por una nueva ola de violencia letal, lo que ha dejado a periodistas y trabajadores mediáticos peligrosamente expuestos a ser blanco de ataques de pandillas locales, organizaciones internacionales de narcotráfico y agentes estatales corruptos”, concluyó el informe “Honduras: Periodismo a la sombra de la impunidad”. “Ni siquiera las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han logrado brindar algún nivel de seguridad confiable”.
Los periodistas que trabajan de manera independiente o para medios de difusión pequeños han quedado en una situación especialmente vulnerable, según Brendan de Caires, portavoz de PEN Canada.
“Carecen de la protección que brinda una organización mediática importante”, afirmó.
En 2009, PEN International, una asociación internacional de escritores con sede en Londres que lucha por la libertad de expresión, publicó un estudio sobre los ataques a la libertad de expresión en América.
Una compleja situación de criminalidad, desde organizaciones narcotraficantes internacionales hasta pandillas locales y actos de violencia perpetrados por el Estado, dejó a Honduras con una impactante cifra de asesinatos, aproximadamente 20 diarios el año pasado en un país con 8,5 millones de habitantes, uno de los promedios de homicidios más elevados del mundo.
Los periodistas no se han librado.
“No existen protecciones para nadie que exprese algún tipo de crítica. Los periodistas son vulnerables en todo el país”, expresó Dina Meza, una periodista hondureña que ha sido amenazada con violencia sexual tras informar sobre los conflictos de tierras en el Valle Bajo Aguán, cerca de la costa del Atlántico.
Meza, que trabaja para una ONG que defiende los derechos humanos y escribe para un sitio en internet, dijo que ha recibido llamadas telefónicas y mensajes de texto amenazantes en varias ocasiones. Informó a a la policía, pero el caso no fue investigado.
“Lo que eso provoca es la autocensura”, dijo sobre las constantes amenazas que reciben los periodistas. “Al no tener protección y estar vulnerables, muchos periodistas simplemente deciden no publicar informes críticos”.
Meza dijo que los periodistas radiales y de internet reciben amenazas constantes.
Alfredo Villatoro era uno de ellos. El popular presentador y director de la emisora radial HRN fue secuestrado en mayo de 2012. Su cuerpo apareció una semana después a las afueras de la capital, Tegucigalpa. Tenía 47 años.
El Gobierno afirmó que Villatoro fue asesinado por pandillas narcotraficantes en represalia por una ofensiva gubernamental, según informes de prensa publicados en ese momento.
Los carteles “están intentando atemorizar a la sociedad hondureña”, dijo el entonces ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, en un programa de televisión local luego del hallazgo del cuerpo de Villatoro.
El Gobierno arrestó a varios sospechosos que aún no han sido juzgados.
El informe de PEN hace 19 recomendaciones para el Gobierno, los medios de comunicación hondureños y la comunidad internacional.
Entre ellas, el informe sugiere que el gobierno establezca comisiones y protocolos de investigación para crímenes contra periodistas; que garantice que los profesionales de los medios reciban plena protección de la ley; y que faculte a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que investigue y traiga ante la justicia a los asesinos de periodistas y activistas de derechos humanos.
El informe recomienda aumentar la solidaridad entre los profesionales mediáticos, presionar al gobierno para obtener protección y brindar capacitación en cuanto al periodismo de investigación.
El informe también afirma que la comunidad internacional debería instar al Gobierno a implementar protecciones y garantizar que se destine ayuda internacional para proteger los derechos humanos.
“Hasta que el Estado hondureño y sus asociados regionales e internacionales den prioridad a castigar a los violadores de los derechos humanos, la impunidad seguirá siendo la orden del día”, establece el informe, “y los crímenes del pasado continuarán siendo un presagio de los crímenes del futuro”.
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