De acuerdo con el jurista, las modificaciones hechas al CPP no sólo
tienen “puntos luminosos”, sino también que fortalecen la política
criminal y de persecución estatal contra el delito.
García resaltó que en el caso del controversial artículo 85 del CPP,
que permite a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil
querellarse contra funcionarios sospechosos de incurrir en actos de
corrupción, sostiene fue correcta su anulación, proclamando que
constituiría una aberración permitir el ejercicio de ese derecho.
“Esa anulación fue una correcta decisión de los legisladores, porque
ese artículo es contrario a la Constitución de la República, que sólo da
el derecho a los ciudadanos a denunciar, no a querellarse, porque esa
facultad sólo le corresponde al Ministerio Público, que es órgano
investigador, en su calidad de juez de la querella”, dijo García.
El jurista expresó que la directiva del CARD tomó la decisión de
respaldar la reforma legal “luego de un examen exhaustivo” de los 116
artículos revisados, destacando que esa legislación tiene puntos muy
luminosos, como sería uno que beneficia a la víctima de un delito y otro
que plantea la asistencia legal gratuita para las víctimas, a cargo del
Estado.
El dirigente gremial habló en una rueda de prensa frente al edificio
que aloja las oficinas de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría
General de la República, ubicado en el Centro de Los Héroes.
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