En una nota enviada a la prensa, la Cámara de Cuentas informa que entre razones de la remisión de las auditorías están el incumplimiento de las leyes de Presupuesto, Compra y Contrataciones Púbicas, de Función Pública, Libre Acceso a la Información, de Planificación e Inversión.
“La Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) ha enviado 67 auditorías a la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) desde el 2006 hasta la fecha, para fines de investigación”, plantea el organismo.
Destaca más adelante que, además, el envío de los documentos ha sido acompañado de “numerosas evidencias” que respaldan las “observaciones, disposiciones, conclusiones y recomendaciones”.
En 2006 y 2007, la CC envió al Ministerio Público las auditorías hechas a la Secretaría de Industria y Comercio, Refinería Dominicana de Petróleo, ayuntamientos de Villa Elisa y San José de Ocoa y las juntas municipales de San José del Puerto, Hatillo Palma y de Cana Chapeton. En el 2008 fue enviada una del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Un año más tarde, en 2009, envió para fines de investigación 18
informes al antiguo Departamento de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA), actual PEPCA, de instituciones como la Dirección
General de Migración, Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias,
Academia de Ciencias de la República Dominicana, los ayuntamientos de
Villa Altagracia, Los Alcarrizos, Licey al Medio, San Antonio de Guerra,
Estebanía y Esperanza. Igualmente,, de los distritos municipales de la
Victoria, Sabana Iglesia, Las Palomas, El Limón, La Canela, Cambita, El
Pinar, Palmar Arriba y Hato del Yaque.
En el 2010, la Cámara de Cuentas remitió los resultados de las
auditorías realizadas al Ayuntamiento de Santiago, del Distrito
Industrial de Santo Domingo Oeste y de la Junta Municipal de San
Francisco de Jacagua. En 2011, hizo llegar a la entonces DPCA nueve
auditorias más correspondientes al Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos, Lotería Nacional, Liga Municipal Dominicana, Oficina de
Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados,
Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS-SEMMA), de los
ayuntamientos de Guayacanes y San José de las Matas y de las juntas
municipales del Higuerito y el Pozo.Otras instituciones que inobservaron leyes y cuyos informes fueron entregados a las autoridades en el 2012 fueron la Superintendencia de Electricidad, Dirección General de Bienes Nacionales, Autoridad Portuaria Dominicana, la Liga Municipal Dominicana y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, los hospitales Nuestra Señora de la Altagracia, Unidad de Quemados del Luis E. Aybar, Marcelino Vélez Santana y el Vinicio Calventi.
También las auditorías correspondientes a los ayuntamientos de Santo Domingo Norte, La Vega, Santiago, Cotuí, Nagua, Los Hidalgos, de Consuelo, Jaquimeyes y Vicente Noble y las juntas de distritos municipales de Hato del Yaque y Cabarete.
Mientras que en 2013 fueron sometidas las auditorias de los ayuntamientos de las Terrenas, El Guayabal, San Francisco de Macorís, Sabana Grande de Palenque, de Imbert, El Puñal y la Junta Distrital de la Entrada de Cabrera.
“En el 2012 fue el año en el que la institución envió mayor cantidad de auditorías al Ministerio Público sumando 22, seguida por el 2009 y 2011, periodos en las que se depositaron 18 y 9 informes, respectivamente”, concluye la Cámara de Cuentas.
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