El accidente se presentó en la vereda conocida como San Antonio y que
se encuentra a 15 minutos de Santander de Quilichao, donde trabaja
principalmente población afrocolombiana. Este tipo de minas han sido
proscritas por el Gobierno no solo porque al parecer sirven de
financiación a grupos armados ilegales sino también porque no cuentan
con las medidas de seguridad adecuadas para realizar esa actividad, lo
que pone en riesgos la vida de los mineros.
Santander de Quilichao, que ha sido una zona tradicionalmente
agrícola, ha empezado a transformar su economía desde hace unos ocho
meses, por cuenta de la llegada de maquinaria pesada y de mineros de
otras regiones, quienes sin permiso y sin medidas de seguridad han
socavado las riberas del río Quinamayo. “Están explotando minería en la
rivera hacia arriba y hacia abajo, en un terreno a cielo abierto”,
explicó el comandante de bomberos que lidera la búsqueda de los
desaparecidos. Estas labores iniciaron desde la media noche del
miércoles con la ayuda de una retroexcavadora que paradójicamente
estaban usando para buscar oro.
A lo largo del jueves se sumaron a la búsqueda 10 máquinas más, 70
bomberos de los departamentos de Valle y Cauca y un grupo de rescatistas
de la policía de Bogotá, que intentan remover cerca de 80 toneladas de
tierra y barro que cubrieron una especie de túneles que hacen estos
mineros artesanales en “forma de una calle larga y profunda”, agregó
Claros.
Las autoridades creen que las personas sepultadas estarían a una
profundidad de 20 metros, por eso han intensificado la búsqueda que no
será suspendida durante la noche. También esperan que en el curso de la
mañana del viernes lleguen otros equipos de rescatistas especializados
en este tipo de tragedias.
El comandante de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino,
señaló al final de la tarde en una rueda de prensa, que en la lucha
contra la minería ilegal y criminal han sido intervenidas 1.719 minas (a
cielo abierto y de socavón). “Esa tragedia que ocurrió anoche se ha
evitado más de 1.700 veces”, dijo el oficial y aclaró que el trabajo no
solo ha sido para perseguir a criminales que se valen de esta actividad,
sino también para prevenir que afecten al medio ambiente.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno que intervenga este tipo de minas para evitar tragedias como la de San Antonio,
donde se calcula que trabajan cerca de 1.500 personas. Según la
entidad, que ya había advertido de lo quepodría ocurrir, el pasado 25 de
febrero la policía y funcionarios de la fiscalía decomisaron varias
máquinas que operaban en este caserío, por lo que un empleado de la
alcaldía tuvo que abandonar su cargo por amenazas contra su vida. En un
comunicado advirtieron que según información que está siendo
investigada, en la zona hay presencia de guerrilleros del sexto frente
de las FARC, que forman parte de la minería ilegal “mediante el cobro de
cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras, así como por
la producción”.
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