El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, culpó al Gobierno haitiano de que posiblemente unos 100 mil haitianos se queden sin regularizar y fuera de los campos y agricultura dominicana debido a que no se les ha entregado sus documentos para normalizar su estatus legal en República Dominicana.
Benítez dijo que tras las flexibilizaciones del Gobierno dominicano y las "disposiciones" del haitiano, cada agropecuario entregó unos mil pesos por empleado, a fin de que se les entreguen los documentos en Haití, pero que ese país no ha dotado a sus nacionales de las identificaciones requeridas para que puedan quedarse en sus actuales lugares de trabajo.
"Los agricultores que tenían 500 empleados aportaron sus RD$500 mil, el que tenía 300, envió los RD $300 mil, pero es el Estado haitiano quien no nos ha cumplido con lo que le hemos solicitado y será el responsable de que esos trabajadores se queden sin trabajo", sentenció el ejecutivo.
"Una fecha fatal" para la agricultura dominicana y el gobierno haitiano, es como califica Benítez el próximo 18 de junio cuando tras 18 meses se vencerá el plazo otorgado por el presidente Danilo Medina a los extranjeros ilegales en el país.
"Yo me pregunto si es que ellos no comprenden el impacto económico, político y social que tendrá en Haití la llegada de unos 100 mil deportados desde aquí. Y que decir del sector agropecuario dominicano, que verá un cambio significativo en su producción, porque no tenemos suficientes dominicanos en los campos para mantener la dinámica productividad", lamentó Osmar Benítez en el programa radial "Milagros desde la Z".
El funcionario indicó que una de las grandes quejas de los empresarios dominicanos ha sido la lentitud que ha caracterizado el suministro de identificacion que ha desarrollado el gobierno haitiano, el cual los ha impedido de lograr la meta de empleados que han solicitado, cuando quedan solo 70 días para agotar el último chance.
En cuanto a la mano de obra dominicana, Osmar Benítez dijo que apoyaba el 80-20 que establecen las leyes dominicanas, pero que la realidad es que muchos productores no tienen suficiente recurso humano para cumplir dicho requerimiento.
"Hemos propuesto que se haga el 80-20 en 5 años para poder ajustar los tiempos. El 17 de junio habrán muchos agropecuarios que comenzarán a cancelar contratos porque no van a exponerse a que les pongan una sanción de $60 mil pesos por empleado ilegal", concluyó Osmar.
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